CR Actualidad

Genera contenido de valor en la red

El derecho a la vivienda frente a la Covid 19

 El derecho a la vivienda frente a la Covid 19

Imagen ilustrativa.

El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Se funda con la misión de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos.

Desde entonces,  muchas amenazas han puesto en riesgo esta meta, desde las guerras,  catástrofes naturales, el VIH,  la pobreza y otras epidemias y pandemias.  Empero,  ha sido la Covid-19   la que ha evidenciado, como una placa de Rayos X,  a  la impúdica y abrumadora inequidad  de la humanidad al evidenciar que algunas personas pueden vivir vidas más saludables y tienen mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a las desigualdades en su posición, estatus y voz en la sociedad y las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajo y su edad.

La Covid-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido más severo en aquellos grupos que ya enfrentan una vulnerabilidad significativa, que están más expuestas a la enfermedad, tienen menos probabilidades de tener acceso a servicios de atención médica de calidad y más probabilidades de experimentar consecuencias adversas debido al resultado de las medidas implementadas para contener la pandemia.

¿Es esto cierto? Muchos pueden dar por sentado que el derecho humano más importante  de frente a la pandemia por Covid-19  es el derecho de acceso a servicios  de salud o por ejemplo el acceso a la vacuna, lo cual, valga la  oportunidad,  pone en evidencia la horrorosa inequidad en su distribución entre los países ricos y países pobres.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  de 1948 establece en su Artículo XI que todas las personas tienen derecho a la preservación de su salud por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Este y  otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos  reconocen que el derecho a la salud es una condición fundamental para la inclusión y cohesión social, el desarrollo integral, y el crecimiento económico con equidad, por un lado, pero priorizan la integralidad al abordar las otras facetas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tales como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al empleo y seguridad social, entre otros derechos que también se han visto afectados en el marco de esta pandemia.

De igual forma se expresan los Objetivos del Desarrollo Sostenible como el  conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

Responder  a un pandemia, desde una perspectiva de  los Derechos Humanos,  implica incorporar en esa respuesta los principios de indivisibilidad e interdependencia de los mismos. No basta -aunque es central- actuar en relación al derecho a la salud, sino que debe construirse una respuesta integral incluyendo los derechos a la educación; al trabajo y a la seguridad social; a alimentación adecuada y a la vivienda y los servicios básicos, como parte del derecho a un medio ambiente sano.

Desde la perspectiva de la Salud Pública, los Determinantes Sociales de la Salud, como las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas  sobre las condiciones de la vida cotidiana, son altamente diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades. También es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad.

Así, en el marco de lo que es una crisis mundial sin precedentes como la que se ha generado por la propagación del covid-19, las personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas y deportadas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de los efectos directos e indirectos que esta pandemia puede tener en ellas y en sus familias.

En este  contexto, también  se ha hecho visible las extremas dificultades que enfrentan las personas en situación de pobreza y particularmente la población en situación de calle o con falta de acceso a vivienda adecuada para el ejercicio y disfrute de sus derechos a la vivienda, así como al medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento.

Las personas con falta de acceso a vivienda adecuada, en especial las que viven en situación de calle, son grupos heterogéneos y de alta vulnerabilidad, sobre los que la pandemia y la falta de respuesta estatal adecuada generan extremas vulneraciones a sus derechos humanos de manera adicional a las que suelen enfrentar.

El contexto de la pandemia refuerza negativamente esta situación y somete a estos grupos a mayores actos de violencia, estigma y conductas hostiles y discriminatorias, como menores fuentes de ingreso y posibilidad de supervivencia, con riesgos más altos de afectación a su vida, integridad personal y salud, como cuando muchos objetaron la ubicación de albergues  temporales de personas con covid-19  en sus vecindarios o, a fin de cuentas intentaron responsabilizar a los más pobres, a los migrantes, como víctimas de Aporofobia,  en términos de Adela Cortina.

Lo más  grave es que las medidas de aislamiento, cuarentenas, distanciamiento físico y social, y restricciones a la libre circulación  no pueden ser efectivas para quien no cuenta con condiciones dignas de vivienda. Esta es una verdad que nos ha tomado trabajo admitir.

La vivienda es por ende, el derecho humano más importante de frente a la pandemia de la covid-19, claro está que su garantía debe ser en un contexto en que simultáneamente se satisfagan los otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y su protección.

Quizá de lo que se trate no es superponer un derecho sobre otro,  pero si de visibilizar más el derecho a la vivienda en el escenario de los Determinantes de la Salud, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos.

En cualquier caso, ¿qué ganamos con atender a los pacientes si los vamos a devolver al entorno que generó  su enfermedad, sobre  todo en un contexto en que el cual el  acceso a la vacuna entre los pueblos es tan inequitativo?

No significa esto, como podría pensar alguno, que  como no tienen casa, no los vamos a atender. Significa que la respuesta, para ser integral, debe contemplar la solución de la vivienda  y el entorno de los habitantes.  Visibilizar y hacer realidad del derecho a la vivienda.

Carlos José Valerio

Carlos José Valerio

Abogado con especialidad en Salud Pública, España, 1999. Además, cuenta con un Postgrado en Bioética obtenido con FLACSO en el año 2005. Miembro fundador de la Comisión de Derecho del Colegio de Abogados. ExMiembro del Board of Trustees de International Association of Physicians in AIDS Care (IAPAC). Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho Médico de Costa Rica y Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico desde el año 2000. Redactor de la actual Ley General del VIH/sida. Ha sido profesor de Ética Médica en la Universidad de Ciencias Médicas. Miembro de la Junta Directiva del Foro Latinoamericano de Comités Éticos de Investigación en Salud, desde 2002. Coordinador del Proyecto la Escuela de Salud Pública de la UCR y CELLS - Centre for Ethics and Law in the Life Sciences, Leibniz Universitaet, Hannover, Alemania sobre Derecho Comparado en Fertilización In Vitro, Responsable del Programa del Curso de Derecho a la Salud de la Defensoría de los Habitantes, del 2016 a la fecha.

Artículos relacionados